Burgos mantiene calles a tres participantes del golpe de estado de 1936

Podemos ha solicitado en repetidas ocasiones la retirada de las denominaciones Alcalde Fernando Dancausa, Alcalde Martín Cobos y José María Codón sin que el equipo de Gobierno cumpla con su obligación.

¿Cumple el Ayuntamiento de Burgos la Ley de Memoria Histórica?, preguntó la portavoz de En Burgos Podemos, Marga Arroyo, en el último Pleno municipal, celebrado el viernes en el Monasterio de San Juan, durante el turno de Preguntas. La respuesta fue sorprendente no por inusual, sino por la falsedad de la afirmación: “Sí”, respondió el alcalde, Daniel de la Rosa, a sabiendas de que el Ayuntamiento está haciendo caso omiso de la Ley 52/2007 en cuatro casos.

Y es que en el callejero de la ciudad de Burgos se mantienen tres denominaciones (calle Alcalde Fernando Dancausa, calle Alcalde Martín Cobos y calle José María Codón) y un título honorífico (medalla de Oro de la ciudad a Fernando Dancausa) que incumplen la legislación vigente. Así lo estableció el Comité de Expertos en el informe entregado, en enero de 2017, a la Comisión de Personal y Régimen Interno. Dicho Comité, de cuatro miembros, fue elegido por los grupos municipales presentes en ese momento en el Consistorio (Partido Popular, Partido Socialista, Imagina Burgos y Ciudadanos)

El informe fue aprobado por unanimidad de sus miembros, independientemente de la ideología del partido que les eligiera, lo que da muestras de la “claridad y objetividad” de sus dictámenes, afirma Marga Arroyo. Y establecía la retirada de las calles en recuerdo y memoria de los alcaldes Honorato Martín Cobos y Fernando Dancausa y el procurador en Cortes José María Codón.

Sobre Martín Cobos reseñaba el informe que fue “afiliado en 1935 a Falange Española, fue miembro de la trama civil del Golpe de Estado en Burgos y enlace con el general Mola. Tuvo activa participación en la sublevación, protagonizando la ocupación del Gobierno Civil, y la inmediata organización de escuadras armadas de Falange en Burgos”.

De José María Codón se documentaba su condición de “carlista. Tal y como él mismo declaró a Ronald Fraser, participó directamente en la conspiración y sublevación armada en Burgos”.

Por último, en el caso de Fernando Dancausa se daba cuenta de su condición de “falangista. Delegado provincial del Frente de Juventudes, consejero nacional del Sindicato Español Universitario (prohibición de la libre actividad política y sindical de los estudiantes. […]. Apologista de Franco. Activo en las acciones para la prolongación del Régimen y cofundador de la Fundación Francisco Franco, dedicada al enaltecimiento del dictador y su régimen”.

A pesar de la rotundidad del informe, que establecía que la presencia de estos tres nombres y quince más en el callejero incumplía el artículo 15 de la Ley 52/2007, relativo a los símbolos y monumentos públicos, dichas denominaciones se mantuvieron en la pasada legislatura y no se han retirado en la actual. Una propuesta de Podemos en la Comisión de Personal en esa línea fue aprobada, pero no tramitada.

“El alcalde se escuda en que, aunque en la Junta de Gobierno tengan mayoría para aprobar el cambio de denominación, la Comisión de Personal no lo haría (PP, Cs y Vox se opondrían)”, lamenta Marga Arroyo. “Pero no es una razón suficiente para eludir su responsabilidad como alcalde”, matiza la portavoz de Podemos en el Ayuntamiento. “El cumplimiento de la Ley no depende de la opinión de los corporativos, y el alcalde no puede seguir escurriendo el bulto únicamente para que su socio de Gobierno (Cs) no se moleste”, defiende Arroyo.

El artículo 15 de la Ley 52/2007 establece claramente que “las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura”. Recuerda Arroyo que no se deja dicha retirada “a criterio de las corporaciones o los ediles de turno, sino de los hechos históricos”. Y, como los propios historiadores apuntaron en un comunicado remitido a los medios de comunicación en febrero de 2017, “no ha lugar a que técnicos municipales, o en este caso ediles, pongan en duda o cuestión los contenidos del Informe, pues no están capacitados para ello al no tratarse de un asunto ‘de opinión’, sino de conocimiento”.

El alcalde se niega a la elaboración de un informe

Ante la insistencia del alcalde en negarse a cumplir “con su obligación”, Marga Arroyo solicitó igualmente en el último Pleno la elaboración por parte del Área Jurídica del Ayuntamiento de un informe al respecto de la obligatoriedad o no de retirar dichas denominaciones (así como la Medalla de Oro a Dancausa que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León devolvió por una cuestión de “incongruencia administrativa”) al que el alcalde se negó. “Si tan claro tiene que está actuando de forma correcta; ¿por qué no permite que se elabore el informe para, de esta forma, cerrar el asunto?”, se pregunta Arroyo.

Marga Arroyo, ante la enésima muestra por parte del equipo de Gobierno de incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, avisó en el propio Pleno al equipo de Gobierno de la intención de Podemos de acudir al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo “para lograr retirar de una vez por todas todo vestigio del franquismo de nuestras calles”, concluye.