Según ha publicado El País, el empresario imputado en la trama Gürtel ha confesado todos los delitos que le atribuía la Fiscalía.
José Luis Ulibarri ha enviado una carta a la Audiencia Nacional en el que admite los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
Con esto, Ulibarri busca una reducción de condena por debajo de los 2 años que le permita evitar el ingreso en prisión. Según cuenta El País, el escrito de Ulibarri fue enviado el 11 de julio a la Audiencia Nacional.
José Luis Ulibarri es un constructor y empresario de medios de comunicación.
Junto a Méndez Pozo creó Radio Televisión Castilla y León, la cual se lleva importantes ayudas económicas de la Junta de Castilla y León.
En los últimos meses sus hijos se han quedado con las principales empresas, entre ellas el 50% de Radio Televisión Castilla y León.
El pasado mes de abril la Junta autorizó la concesión directa de una subvención por importe de 20 millones de euros a la empresa Radio Televisión de Castilla y León SA.
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea ha comentado la noticia dando por hecho la condena al empresario y las consecuencias que tendrá en el pacto de gobierno que Ciudadanos mantiene con el PP en la Junta.
"Quizás ahora se expliquen muchas cosas, muchas. En Castilla y León hay cosas que no volverán" ha comentado el vicepresidente en las redes sociales.
En otro mensaje repite "esto no se va a repetir" en referencia al mensaje de Luis Tudanca sobre el control de medios de comunicación para manipular por parte del PP.
Igea no deja claro si se está refiriendo a las subvenciones directas que su gobierno de la Junta está concediendo a la televisión de Ulibarri y Méndez Pozo, que en este año 2021 asciende hasta los 20 millones de euros.
Si ahora se explican muchas cosas, esas son muy simples. La Junta de Castilla y León lleva años adjudicando subvenciones directas a un empresario que el pasado 11 de julio de 2021 admitió haber cometido los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
