Los miembros de la Junta divididos en este asunto mientras se conceden contratos millonarios a las privadas.
Según denuncia la plataforma, la Junta de Castilla y León elude desde hace años la asistencia hospitalaria a los más indefensos y los envía a privadas con las que firma convenios. Entre ellos están los ancianos, los crónicos en recuperación, los ingresados por motivos sociosanitarios y los terminales.
En Burgos el convenio con el Hospital San Juan de Dios acaba de espirar y la Junta se debate entre renovarlo o llevar esos servicios al Divino Valles. Un convenio más caro de lo anunciado, mal planificado e insuficientemente utilizado. Cuesta al año más de 2,7 millones de euros y exigen mucho más dinero para renovarlo.
Sacyl también “alquila” los quirófanos del hospital privado Recoletas para que cirujanos de la sanidad pública operen allí a pacientes con un enorme coste.
Mientras tanto, el hospital público Divino Valles continúa inutilizado. Cuenta con 230 camas y 8 quirófanos cerrados desde la apertura del HUBU. El gasto en mantenimiento supone cada año 1 millón de euros y otros 70.000 euros para habilitar la atención a pacientes COVID.
Esta situación resulta inexplicable para los profesionales y defensores de la sanidad pública. Cómo es posible que, si se dispone de unas instalaciones para cubrir muchas necesidades, se esté beneficiando a empresas privadas a costa de un mayor gasto público.
Para la Plataforma por la Sanidad Pública de Burgos esto genera pacientes discriminados, menos calidad y menor seguridad de la exigible, con un derroche económico en privatizaciones y un hospital público cerrado.
Piden crear una unidad de cuidados de larga y media estancia, área para ingresos sociosanitarios, unidad de paliativos y terminales, geriatría, cirugía sin Ingreso y un área de reserva para crisis.
