Podemos apunta que el Consorcio del Desvío actúa “fuera de la legalidad”

Un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 indica que desde 2015 se está actuando como entidad privada siendo pública en la adjudicación y venta de terrenos y, por tanto, debería ajustarse a la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en actuaciones inmobiliarias.

La portavoz de En Burgos Podemos, Marga Arroyo, ha solicitado esta mañana al alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, que explique qué implicaciones puede conllevar para la ciudad que el Consorcio del Desvío Ferroviario esté actuando “de manera ilegal, al menos, desde el año 2015”, ha afirmado. Hace esta consulta Arroyo tras conocer que un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 da la razón en su reclamación a las familias de cooperativistas de la denominada Torre Panorama con respecto a la adjudicación de la parcela TE09 del sector S-29-07 Antigua Estación.

Indica el auto judicial del 10 de noviembre de 2021 que la adjudicación de esta parcela a Pecsa se realizó como si de un contrato privado se tratara, cuando la Ley 40/2015 establece que los Consorcios son entidades públicas. Un auto ante el que no ha existido recurso por parte del Consorcio, lo que lo convierte en firme. Textualmente, el texto establece que “[…] por los elementos de juicio conocidos, se estaría ante un contrato privado (no tiene en principio las notas de un contrato administrativo conforme al art. 25 Ley de contratos del sector público) pero, la propia conceptuación actual de los Consorcios como entidades de derecho público lo hace así situar como Administración pública y […] sujeto a impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo”.

Quiere esto decir, ha afirmado Marga Arroyo, que el Consorcio para la Gestión de la Variante Ferroviaria de Burgos está actuando de manera irregular al menos desde la aprobación “de la ley 40/2015 de 1 de octubre de régimen jurídico del sector público” y que, por tanto, todos los acuerdos alcanzados “podrían declararse nulos”. A esto se suman “la nula transparencia y la falta de información” con respecto a las decisiones adoptadas en su seno.

Y es que, ha explicado la portavoz municipal de Podemos, “el Consorcio del Desvío, y también el de Villalonquéjar, llevan años incumpliendo con su obligación de presentar sus balances anuales ante el Consejo de Cuentas, y han sido necesarios cuatro requerimientos para que desde el Consorcio del Desvío se presentara el ‘expediente’ relativo a la adjudicación de dicha parcela”. Esto ha hecho, también, que el Procurador del Común haya incluido al Ayuntamiento en el grupo de entidades locales ‘no colaboradoras’ en su Informe 2021. Dicho ‘expediente’, “sin ningún tipo de rigor ni formalidad”, fue remitido finalmente el pasado 26 de enero de 2022 tras cuatro requerimientos del propio Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, además de otras peticiones de los cooperativistas a través del Procurador del Común y el Comisionado de Transparencia de Castilla y León que fueron desatendidas.

Igualmente, la edil de Podemos ha afeado al Ayuntamiento que haya intervenido y modificado el Plan General de Ordenación Urbana “a gusto de los adjudicatarios de la parcela” reduciendo el uso terciario de las parcelas del 41 al 19 por ciento para, como admitió hace solo dos semanas el propio responsable de Fomento, Daniel Garabito, hacerlas más “atractivas” para los promotores inmobiliarios, admitiendo que sería precisamente el terreno en el que pretendía ubicarse la Torre Panorama “la primera en beneficiarse de dicho cambio”.

Esta situación, que Marga Arroyo ha calificado de “gravísima” por tratarse de un “urbanismo ‘ad hoc’” pone en jaque al Ayuntamiento de Burgos, ha asegurado la portavoz de En Burgos Podemos, por lo que la misma ha solicitado públicamente al alcalde y presidente del Consorcio, Daniel de la Rosa, que indique “cuáles son las consecuencias que esto puede acarrearle a la ciudad”, ha apuntado.

“La deuda de los Consorcios se eleva por encima de los 200 millones de euros y según este auto judicial que ahora es firme todas las operaciones realizadas por los mismos al menos desde el año 2015 están fuera de la ley”, ha asegurado en su comparecencia. “Daniel de la Rosa es el máximo responsable tanto del Ayuntamiento como de los consorcios y debe actuar con inmediatez para ajustar las actuaciones a la legalidad, para ganar en transparencia y para ofrecer a la ciudadanía las explicaciones que necesitan sobre las implicaciones que formas de actuar poco claras pueden conllevar para los intereses de todos los burgaleses y las burgalesas”, ha concluido.

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