La portavoz de la formación, Marga Arroyo, denuncia “el incumplimiento reiterado” de varios puntos del pliego de adjudicación y la precarización de las condiciones del profesorado.
La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos, Marga Arroyo, ha pedido esta mañana en rueda de prensa a la Gerencia Municipal de Cultura y Turismo “que se ocupe y se preocupe” por el cumplimiento de las condiciones del pliego de adjudicación de la gestión de la Escuela Municipal de Música, donde, ha afirmado, “se están deteriorando tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales del profesorado”, lo que redunda, de manera indirecta, “en un deterioro de la imagen del Ayuntamiento”, ha asegurado.
Arroyo ha recordado que ya hace dos semanas desde Podemos “se puso el foco” en los “graves problemas” en los que se encuentra la Escuela y que incluso se preguntó a la presidenta de la Gerencia, Rosario Pérez Pardo, al respecto en el Pleno. “Se nos contestó, con cajas destempladas, que no había ningún problema y que nos informáramos bien”, ha recordado. “Lo hemos hecho y la preocupación es máxima”, ha añadido Marga Arroyo.
Y es que, ha apuntado la portavoz de Podemos, desde la formación se tiene “constancia” de que en la Escuela Municipal de Música “no se están cumpliendo muchos puntos del pliego, tanto por parte de la empresa como del Ayuntamiento”, ha afirmado. “No se está haciendo un correcto mantenimiento de las instalaciones y se está precarizando las condiciones de los trabajadores”, ha apuntado. Por ello, ha pedido a la Gerencia de Cultura que haga “un seguimiento del funcionamiento de la Escuela y del mantenimiento del edificio” en el que se imparten las clases, que, ha recordado, “es un inmueble catalogado y muy bello”, ha dicho.
Más en detalle, Arroyo ha apuntado al deficiente seguimiento del contrato y su cumplimiento, no existiendo “constancia del mantenimiento de los instrumentos musicales” como reclama el artículo 10.20, o careciendo la Escuela “de un Reglamento de Régimen Interno” a pesar de que debería estar disponible y aprobado en los tres primeros meses de cada curso (artículo 10.23).
Además, el Ayuntamiento tiene la obligación, como establece el artículo 11.3, de que los edificios “en los que se desarrollan las enseñanzas objeto del contrato reúnan las condiciones higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad que se exijan en la legislación vigente”, algo que no se está garantizando, ha denunciado. “Están en vigor las salidas de emergencia? ¿Hay aulas que no se pueda utilizar? ¿Funciona la calefacción?”, se ha preguntado. “La presidenta de la Gerencia debe hacer un seguimiento, porque sabemos, por ejemplo, que hay aulas en las que no se puede impartir docencia por haber goteras”, ha añadido.
Un deterioro de las clases, de las estancias y de la calidad del servicio que, sin embargo, no se traduce en una bajada de los precios. Al contrario, desde la Escuela se pide una revisión al alza de los precios que Podemos no apoya: “no se puede dejar la puerta abierta a subir las matrículas de ninguna de las maneras: la Escuela debe ser accesible a todas las familias burgalesas”, ha argumentado.
Condiciones de los trabajadores
También, ha lamentado Arroyo, en los últimos tiempos se han deteriorado la calidad de los puestos de trabajo y las personas que desarrollan un servicio “privatizado” por parte del Consistorio. “No podemos dejar que una oferta a la baja a los profesores sea la excusa para precarizar los puestos de trabajo de profesionales con formación, con grados superiores, con talento y a los que, de esta forma, en vez de lograr retener en la ciudad estamos empujando a marcharse”, ha aseverado. “La Escuela Municipal de Música, en estos momentos, no es capaz de retener en nuestra ciudad a músicos jóvenes y emergentes”, ha enfatizado.
Por todo ello, Podemos recuerda su apuesta “por el cumplimiento del pliego y, en última instancia, la remunicipalización de la Escuela”, ya que, ha recordado, “cuando un servicio se externaliza a una empresa privada, el lucro se antepone a todo”, lo que es contrario al bien común y el beneficio de los ciudadanos y ciudadanas.
