Marga Arroyo explica que, en el último Consejo del Consorcio del Desvío, “el secretario y el interventor nos confirmaron lo que ya sabíamos, que están funcionando de manera irregular”.
La portavoz de Podemos Burgos en el Ayuntamiento de Burgos, Marga Arroyo, ha vuelto a exigir al alcalde y el concejal de Hacienda, “en su condición de presidente y consejero delegado de los Consorcios”, que restauren la legalidad en los mismos, evitando que la ciudad “se arriesgue a una sentencia sumamente gravosa” para sus intereses. Lo hace tras confirmar en el seno de los últimos Consejos de Administración del Consorcio de Villalonquéjar y de la Gestión de la Variante Ferroviaria “que están actuando de manera irregular, incumpliendo con la ley”, ha explicado.
Así lo ha denunciado la portavoz de En Burgos Podemos este mediodía ante los medios de comunicación. Arroyo ha lamentado “la falta de valor de Daniel de la Rosa (alcalde) y David Jurado (concejal de Hacienda) para evitar que sean quienes controlan la ciudad entre bambalinas” quienes tomen las decisiones que se corresponden con la gestión del suelo en Burgos. “Quien controla el suelo, controla su precio, y quien controla el precio del suelo, controla el precio de la vivienda”, ha apuntado. “Hay que dejar de hacerle el caldo gordo al lobby del ladrillo”, ha argumentado.
Y es que, como ha aseverado Arroyo, “ya lo sabíamos porque ahí está el auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2, pero ayer nos lo confirmó el secretario: los Consorcios funcionan como un ente privado, como una inmobiliaria, cuando deben hacerlo como una entidad pública”, ha dicho. Esto supone acogerse, en los procesos de adjudicación de los terrenos, a la Ley del Procedimiento Administrativo, la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas y la Ley de Contratos del Sector Público, “algo con lo que no se está cumpliendo”.
Dicho auto, del 10 de noviembre de 2021, sentenciaba literalmente que “[…] por los elementos de juicio conocidos, se estaría ante un contrato privado (no tiene en principio las notas de un contrato administrativo conforme al art. 25 Ley de contratos del sector público) pero, la propia conceptuación actual de los Consorcios como entidades de derecho público lo hace así situar como Administración pública y […] sujeto a impugnación ante el orden jurisdiccional contencioso administrativo”.
Pero no solo se incumple la legalidad en los procesos de adjudicación, sino que, además, “se rinden cuentas de manera deficiente. Preguntamos por qué el Consejo de Cuentas lleva desde 2018 indicando que los Consorcios no presentan sus balances y la explicación del interventor fue muy clara: los documentos que se envían no son aceptados porque no se ajustan a los procedimientos establecidos para entidades públicas. Como he explicado más de una vez, son unas meras hojas volanderas sin validez”, ha afirmado.
Por todo ello, Marga Arroyo pide, “una vez más” al equipo de Gobierno que impidan que la “ilegalidad se prolongue en los Consorcios. De hecho –ha comentado-, se nos había afirmado en el anterior Consejo que el Consorcio del Desvío Ferroviario no había respondido a diferentes requerimientos del Procurador del Común porque no se tenía constancia de los mismos, pero ayer supimos que sí, que en mayo de 2021 se remitieron desde el área de Fomento dichos requerimientos”, ha explicado.
La edil de Podemos también ha señalado que es “urgente” que se atienda el recurso de reposición presentado por la entidad que optaba a la parcela TE09 del sector S-29-07 Antigua Estación, la de la denominada Torre Panorama, “para actuar de manera transparente y acorde a la normativa que rige las decisiones y movimientos del Consorcio como entidad pública”, evitando situaciones como la de dicha parcela en la que, por otro lado, “en mitad del proceso”, se quieren “cambiar las reglas del juego”, ya que, ha apuntado, “al haberse ejecutado recientemente, una modificación del PGOU para modificar los usos terciarios, se indicó que se quiere exigir un mayor precio a Pecsa por la parcela”. Algo, ha afirmado, “que es totalmente contrario al espíritu de la adjudicación pública”.
Fue la judicialización, que sigue adelante, del proceso de adjudicación de esta parcela la que puso de manifiesto la ilegalidad en la que operan los Consorcios, proceso en el que también fueron necesarios cuatro requerimientos para que desde el Consorcio del Desvío se presentara el ‘expediente’ relativo a la adjudicación de dicha parcela, algo que se hizo finalmente el pasado mes de enero aunque de manera insuficiente: “no se puede entregar el expediente administrativo porque, efectivamente, no existe por este modo irregular de proceder”, ha recordado Arroyo.
Deficiente información interna
Marga Arroyo, además, ha denunciado la “nula información” que a los consejeros de los Consorcios se ofrece sobre los mismos, ya que “todas estas sentencias y todos estos requerimientos que estamos denunciado desde Podemos los conocemos porque tenemos que actuar como auténticos detectives: no se nos informa sobre todo ello a pesar de que respondemos de manera personal por las decisiones que se toman en los Consorcios”, ha concluido.
