Marga Arroyo lamenta que el Ayuntamiento está “por debajo de la media” nacional en cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
En Burgos Podemos ha planteado esta mañana al equipo de Gobierno que desde el Ayuntamiento de Burgos se apueste por las pequeñas y medianas empresas locales a través de la elaboración de un Plan de Compra y Contratación Socialmente responsable. Medidas que buscarían convertir al Consistorio en “ejemplarizante” a la hora de defender los derechos de los trabajadores y potenciar la economía local, acercándose, al tiempo, al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) incluidos en la Agenda 2030.
La portavoz de la formación morada en el Ayuntamiento, Marga Arroyo, ha lamentado en rueda de prensa que Burgos se encuentre “lejos” de cumplir con la línea marcada de acercamiento a estos objetivos, una situación que se puso de manifiesto en la Comisión de Trabajo celebrada la pasada semana. “La empresa Smart and City (contratada para analizar el grado de cumplimiento) puso de manifiesto que la ciudad está por debajo de la media, con un grado de cumplimiento del 47 por ciento”, ha lamentado Arroyo, quien ha indicado que Podemos llevó a dicha Comisión la posibilidad de que el Ayuntamiento elabore su propio Plan de Compra y Contratación Socialmente “como ya han hecho, con buen resultado, otros municipios de nuestro entorno” como Valladolid y Vitoria, por ejemplo.
En dicha Comisión estuvo presente, en representación de Podemos, Ignacio Palma, que admite que la recomendación sobre el plan de contratación “fue bien recibida”, puesto que se trata del “futuro, la modernidad de las administraciones públicas, está amparada por el Consejo de Ministros (en abril de 2019) y que es buena para la economía local”, ha argumentado.
Básicamente, contar con este plan le daría “consideraciones sociales a la contratación pública de servicios y adquisición de materiales, como lograr que las empresas que cuenten en sus plantillas con personas con discapacidad, dispongan de planes de igualdad entre hombres y mujeres, fomenten la conciliación laboral y tengan buenas condiciones salariales y laborales tengan mayores posibilidades de convertirse en proveedores de la Administración y ganar las licitaciones”, ha apuntado.
Este plan, así, incluiría cuatro grandes líneas de actuación que posibilitaría además potenciar a las empresas locales. La primera de estas sería establecer “quién puede contratar”, primando “a las pequeñas y medianas empresas locales”; en segundo lugar se impondría el rechazo de las ofertas “que vulneren la normativa social o laboral, evitando así el ‘dumping social’ y que el Florentino Pérez de turno que existe en cada municipio cope los contratos públicos” del mismo; en tercer lugar se realizaría una valoración positiva de las ofertas procedentes de empresas que tomen en cuenta “consideraciones sociales” como la integración social, ofrecer a sus trabajadores condiciones laborales dignas, consagrar la igualdad de género, apostar por el comercio justo o respetar al Medio Ambiente; y, por último pero no por ello menos importante, establecería la obligación del contratista y subcontratistas de cumplir con dichos retos sociales, entre otros, durante la ejecución del contrato.
Como ha recordado Palma, esta idea “no es una locura ni algo que nos hayamos sacado de la manga”, sino una realidad que está funcionando “muy bien” en otras ciudades como Valladolid, donde ya en este momento “el 82 por ciento de las contrataciones las están consiguiendo pymes, y la mitad de ellas locales”, lo que permite impulsar la economía municipal”, ha señalado. Esto permite a los ayuntamientos favorecer que en el “ecosistema que es una economía las grandes empresas no desplacen a las pequeñas: todas deben convivir y subsistir y los consistorios tienen una responsabilidad para favorecer que las compañías de menos de 250 empleados puedan optar a contratos públicos”, ha añadido.
En último lugar, Palma ha apuntado que este Plan de Compra y Contratación Socialmente responsable permitiría al Ayuntamiento de Burgos “incorporarse a la Agenda Urbana Española”, una adaptación a los municipios que integra diez de los objetivos estratégicos de los ODS de la Agenda 2030 en la que el consistorio no está aún. “Para entrar son necesarios trabajos previos de adaptación y de cumplimiento de Planes de Acción que permitan optar a las ayudas españolas y europeas del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, ha dicho el consejero vecino de En Burgos Podemos.
La vivienda, clave
Por otro lado, la portavoz de la formación, Marga Arroyo, ha vuelto a poner de manifiesto la necesidad de que el Ayuntamiento “se comprometa con uno de los diez objetivos estratégicos de esta Agenda Urbana Española, el número 8 que se refiere a “garantizar el acceso a la vivienda”, ha explicado. “El PSOE está de perfil en este asunto, como ya hemos apuntado en alguna ocasión. Seguimos pendientes de la elaboración de un Plan Municipal de Vivienda en el que se promuevan medidas para garantizar este acceso universal en una ciudad como la nuestra en la que el precio del alquiler está más alto que nunca y donde el metro cuadrado de vivienda usada ha subido en el último año más de un 3 por ciento”, ha argumentado.
Por ello, pide Arroyo al equipo de Gobierno “que se tomen medidas ya” para evitar este alza de los precios, “frenando al lobby del ladrillo”.
