Podemos tilda de “catastrófica” la situación económica de los Consorcios y pide su disolución

La portavoz de la formación morada en el Ayuntamiento, Marga Arroyo, relata que las pérdidas ya superan los 163 millones y “en el mejor de los casos” se generarán otros 105.

La portavoz de En Burgos Podemos en el Ayuntamiento, Marga Arroyo, ha definido esta mañana como “catastrófica” la situación económica de los Consorcios de Villalonquéjar y el Desvío Ferroviario, motivo por el que ha solicitado su “disolución inmediata, siendo el Consistorio de manera directa quien asuma la gestión de sus activos para, al menos, evitar el pago de comisiones e intereses bancarios (no menos de 2 millones anuales)” que acrecienten la “gigantesca deuda” que estos entes ya han generado a la ciudad.

Esta consideración se debe a que el grupo municipal de Podemos en el Ayuntamiento de Burgos ha podido comprobar que, hasta la fecha, las pérdidas contables acumuladas de los Consorcios ya superan los 163 millones de euros (114 el del Desvío Ferroviario y 49 el de Villalonquéjar) y “en el mejor de los casos, se generarían otros 105, puesto que el valor de los activos no permite cubrir tan siquiera la mitad de la deuda bancaria (más de 234 millones) de ambos Consorcios”, ha explicado Arroyo.

La concejala de Podemos ha explicado que las últimas reuniones de los Consejos Rectores de ambos Consorcios celebradas el pasado 2 de junio permitieron acceder a información económica de dichos entes. “La información que previamente habían facilitado el alcalde, vicealcalde y consejero delegado era fragmentada, con datos parciales que impedían ver la situación real de los Consorcios” y, especialmente, “sus efectos negativos sobre las cuentas públicas del Ayuntamiento”, ha relatado Marga Arroyo.

Básicamente, ha referido la portavoz de Podemos, y considerando que se produjera “el mejor de los escenarios posibles”, que consistiría en la venta de todos los activos de ambos Consorcios al precio de mercado actual, “se ingresarían 128 millones de euros cuando la deuda bancaria es en estos momentos de 234, lo que supone 105 millones de euros de deuda imposibles de asumir” a través de la venta de suelo. “Las pérdidas contables acumuladas a fecha 31 de diciembre de 2021 superaban los 163 millones, lo que quiere decir que la ciudad no habrá perdido cuando los Consorcios se diluyan menos de 270 millones de euros”, ha lamentado.

Todo esto convierte a los Consorcios en un “lastre” para las arcas públicas, viéndose el Ayuntamiento obligado a destinar dinero del presupuesto ordinario a cubrir sus pérdidas. “La deuda de los Consorcios ya es de más de 1.500 euros por cada burgalés”, ha resumido Marga Arroyo, e irá a más “si no se toman decisiones drásticas pronto”. Para la portavoz de En Burgos Podemos, ante esta situación, la menos lesiva de las opciones es que el Ayuntamiento “disuelva los Consorcios y se encargue en primera persona de la venta y gestión de los activos”, ha dicho. “De esta forma –ha añadido- al menos se impedirá que las pérdidas se incrementen debido a los intereses bancarios (no menos de 2 millones anuales) y las comisiones cobradas por quienes en estos momentos se encargan de la promoción y venta del suelo”, ha afirmado.

Promueve en la gestión del suelo

Por ello, y tras la disolución de los Consorcios, debería ser el Ayuntamiento quien se encargará de la gestión del suelo con sus propios recursos. “Tenemos una sociedad municipal, Promueve, cuyo fin no es enviar estudiantes a Inglaterra sino captar inversiones, empresas… quizás hay que plantearse seriamente que sea la Sociedad de Promoción quien salga fuera a promocionar el suelo industrial de la ciudad, a vender Burgos como polo industrial y nudo logístico privilegiado”, ha aseverado la portavoz de En Burgos Podemos.

Marga Arroyo ha lamentado igualmente que desde los grupos mayoritarios del Ayuntamiento de Burgos “se ha consentido que la banca participe en la gestión de los Consorcios”, algo que nos remite a “la fábula de la rana y el escorpión: mientras el Ayuntamiento tiene en sus genes el servicio público, la banca tiene hacer negocio, lo cual es lógico, pero son intereses divergentes”, ha resumido Arroyo. Esta presencia de la banca se debe a la participación directa en la gestión de Fundación Caja de Burgos, que como ha recordado Arroyo es accionista de Caixabank: “su presencia en los Consejos Rectores de los Consorcios es insostenible tanto por los pésimos y gravosos resultados de su gestión como por la incompatibilidad manifiesta al defender intereses contrarios a los de la ciudad”, ha considerado.

Posibles denuncias en cascada

Marga Arroyo, por otro lado, ha advertido de que ha sido el ‘caso de la Torre Panorama’ el que ha puesto de manifiesto que el Consorcio del Desvío Ferroviario (y el de Villalonquéjar por extensión) está siendo gestionado “con criterios impropios de una administración pública”: incumplimiento de las normas legales, no presentación de balances económicos, arbitrariedad en las gestiones con empresas, falta de respuesta ante requerimientos judiciales y del Procurador del Común…

Ejemplo claro de esta “arbitrariedad” en la gestión de las parcelas es también Torre Panorama. “A la mayoría de las empresas que reservaron solares con pagos a cuenta se les aplicó una penalización económica cuando las operaciones no llegaban a buen puerto, fuera de quien fuera la responsabilidad. Pero a Pecsa, por el contrario, se le ha eximido pese a haber sido ella la responsable de la resolución del contrato tras darle incluso una prórroga de seis meses desde el primer vencimiento del contrato”, ha recordado. “Esto podría generar una catarata de reclamaciones por parte de las empresas que sí han tenido que abonar una penalización”, ha remarcado, “lo que conllevaría un incremento aún mayor de las pérdidas” de los Consorcios.

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